A través del sistema de concesiones, expertos opinan que sería posible estimular la inversión en plantas desaladoras tanto para consumo residencial como industrial.

¿Cómo estimular la desalación y no morir en el intento? ¿Es ésta la solución a los problemas hídricos de la zona norte? ¿Se considera como una iniciativa real para obtener la licencia social de los proyectos?

En 2009, bajo el Gobierno de la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, comenzaron a surgir los primeros síntomas de la crisis del recurso hídrico en las regiones del norte del país, por lo cual se decidió crear el Comité Ministerial del Agua, instancia que reunía a más de 15 instituciones públicas y cuyo objetivo era analizar dicha problemática en su integridad. Para ello se invitó a todos los actores involucrados, incluida la industria minera a través de la Sonami y el Consejo Minero.

Las principales conclusiones del trabajo que desarrolló esta mesa fueron incluidas en el documento que presentó el ex ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, en enero de 2010, y que se denominó “Chile 2020 Obras Públicas para el Desarrollo”. En él había un capítulo dedicado especialmente al tema del agua y sus potenciales soluciones.

Bitar recuerda que “había muchas demandas de fórmulas y estudio de fórmulas, y la que nosotros propusimos fue la desalinización. Para ello creamos una mesa de agua, a la cual invitamos a todos los proveedores potenciales de plantas desaladoras y a los distintos sectores, para discutir sobre cómo podríamos definir una política de agua viable y desalinizada”.

El ex ministro del MOP relata que cuando se gatilló el problema hídrico en Copiapó, algunas empresas mineras solicitaron derechos de agua, sin embargo dicho requerimiento fue negado por la Dirección General de Aguas (DGA) pues “no había forma de entregarles el recurso sin que dejáramos absolutamente secos los acuíferos (…), por lo cual ‘empujamos’ a las compañías a instalar plantas desaladoras (…)”. Y al respecto, enfatiza: “La desalinización se puede hacer por módulos, entonces prodúzcalo y abastézcase usted. Si le sobra, venda a otras empresas mineras, porque aquí va a existir una gran demanda…”.

Fruto de este estímulo, surgió la solución de negocio que está emprendiendo el grupo CAP. A través de la venta de agua desalada a las compañías mineras de la Región de Atacama, la minera de hierro busca reducir los niveles de inversión de la planta desaladora. “Este modelo de negocio no sólo se hizo por necesidad, sino también por el alto costo que implica construir una planta. Es decir, la economía de escala es súper importante en este negocio y como nuestro consumo no es tan alto, buscamos incluir a nuestros clientes”, explicó a revista MINERÍA CHILENA, en su edición de abril (Nº 370), Roberto de Andraca Adriasola, vicepresidente de desarrollo de negocios de CAP. La segunda etapa del proyecto tiene contemplado el suministro de agua desalada hacia otras compañías mineras. Hasta la fecha existen entre dos a tres mineras interesadas, aseguró el ejecutivo.

La venta de agua desalinizada se efectuará por medio de la filial Aguas CAP, a través de un contrato de largo plazo de 20 años, el cual ya cuenta con un modelo de fijación de precios. De Andraca dijo que “habría sido lo lógico que en la Región de Atacama se instalara una planta que abasteciera a todos, pero son distintos los plazos y diferentes las prioridades y poner a todo el mundo de acuerdo es difícil”.

Sergio Bitar hace ver que una vez que asumió el nuevo Gobierno, se paralizó en el Congreso la tramitación del proyecto que establecía una política hídrica. Sin embargo, a principios de este año la idea de fomentar la desalación se puso nuevamente sobre la mesa, tras la iniciativa legal de un grupo de diputados que obligaría a las mineras a utilizar agua de mar en los procesos productivos a partir de 2016.

Carencia de régimen jurídico
El agua de mar es un bien nacional de uso público como son las plazas, el viento, los minerales o las calles y que, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, no pueden ser comercializados. No obstante, el Estado de Chile puede organizar y permitir su uso y goce a través de autorizaciones o concesiones temporales administrativas.

Pese al problema hídrico que enfrenta la zona norte del país, el agua desalada no es una alternativa extendida de abastecimiento para los sectores productivos y el consumo humano, pues a la fecha existen sólo cinco operaciones en funcionamiento que están ubicadas entre las regiones de Arica-Parinacota y Antofagasta.

En la actualidad, no existe un régimen jurídico sólido y estable para la instalación de plantas desaladoras, hecho que ha implicado que diversos proyectos sean rechazados por organismos evaluadores, al no ser consideradas estas iniciativas como de interés público.

José Antonio Ramírez, abogado de Ramírez y Pfeffer Abogados, explica que no hay una ventanilla única de presentación de estos proyectos y que la materialización del proceso dependerá de la ingeniería política que desee implementar la compañía. Esto obedece a la inexistencia de un régimen concreto de cómo se presentan las iniciativas de desalación. “Si bien se pueden hacer plantas desaladoras, en mi opinión, es cosa de analizar los últimos dos proyectos que se han presentado, y a la vez han sido rechazados, y verificar que poseen distintas formas de ingreso y solicitudes de autorización”.

El punto es que en la presentación del proyecto existen muchos organismos que son competentes (como la Directemar, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Bienes Nacionales, entre otros), los cuales poseen visiones distintas. “Acá podría haber una ley que lo hiciera más expedito (…) ya que lo que puede ocurrir, y yo creo que ése es el énfasis, es que al realizar un proyecto se puede estar en etapa de construcción y lo pueden paralizar”, reflexiona el abogado.

Así como hoy existen concesiones de aguas terrestres y los derechos de aprovechamiento del recurso, para Jorge Arancibia, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene que existir una política hídrica que sea liderada por la Dirección General de Aguas (DGA) y que efectivamente plantee la posibilidad de incorporar otras fuentes alternativas, como por ejemplo la desalación.

Concesión de agua de mar
Sergio Bitar, señala que con el objetivo de buscar soluciones al problema hídrico, se firmó con el Gobierno español un acuerdo de cooperación técnica para plantas desalinizadoras y para establecer los procedimientos legales que permitieran hacer más eficaz su instalación.

Debido a la naturaleza del agua de mar, como un bien nacional de uso público, el Gobierno de la época decidió impulsar la elaboración de un sistema de concesiones de agua de mar para plantas desaladoras. “Las concesiones de bienes nacionales tienen un fin público detrás, no sólo satisfacer el interés privado. Es decir, el objetivo es entregar una solución a los ciudadanos… ésa es la naturaleza jurídica de la concesión” afirma José Antonio Ramírez.

La Ley de Concesiones nació en 1993 y fue reformada en enero de 2010. Esta normativa otorga al Estado la posibilidad de definir un proyecto y luego se adjudica a un privado por un período específico. En el caso de la desalinización, el MOP también podrá recibir, dentro del marco de esta ley, iniciativas privadas con el fin de que sean declaradas de interés público, con lo cual el privado puede hacer los estudios, y luego presentarlas al ministerio.

A través del sistema de concesiones, se busca que el Estado actúe como un agente ordenador del mercado de aguas, el cual debe ser limitado, establecido territorialmente y en el que efectivamente se incentive la inversión. “Estos incentivos deben estar orientados a que exista conocimiento de que acceder al mercado es muy restringido, (…) y que es ordenado por el mismo Estado, por lo cual no se van a producir superposiciones de concesiones”, señala Jorge Arancibia.

Para José Antonio Ramírez, el tema del uso de agua de mar tiene que ser una solución no sólo para los grandes proyectos mineros. “Está muy bien que lo tengan (las mineras), pero la desalación es un tema de país”.

El sistema de concesión busca evitar la instalación de diversas plantas para proyectos específicos, porque no solucionan el problema hídrico-país. Simplemente solucionan el problema de un emprendimiento. José Arancibia indica que a través de este método se podría aglutinar en pocas concesiones de agua una producción no sólo de 500 l/seg sino de 1.000 l/seg, y, por ende, no sería sólo para un proyecto en particular, sino para toda una cuenca.

Proyectos de interés público
Pese a la gran extensión costera que posee Chile, José Antonio Ramírez cree que tanto los gobiernos regionales como las comunidades no desean “hipotecar” su entorno ni sus playas, a excepción de aquellos lugares que sí les interesa que sean ocupados para esos objetivos. “No quieren que esa planta de desalación sea sólo para que le dé agua a una compañía minera (…) también quieren que ese recurso vaya a la agricultura y vaya a la ciudad, a través de sus concesiones sanitarias”, advierte.

Sin embargo, y debido a la crisis hídrica de la zona norte, Sergio Bitar subraya que Chile necesita que se avance en desalinización, “y para que eso dure y no tengamos una ‘protesta ciudadana justa’, como están ocurriendo ahora, y como van a ocurrir cada vez más… (los proyectos de desalinización) tienen que ser regulados con una presencia de la comunidad”.

Bitar ejemplifica que en Antofagasta existe una empresa minera que usa “agua arriba” y que otra empresa, ligada a dicha compañía, desaliniza. “Ellos tienen un sistema de compensación, el cual consiste en que el agua que desalinizan la dejan en Antofagasta y el recurso que antes traían a la ciudad se las dejan a las mineras. Pero eso no puede ser una decisión de las empresas… sino de la comunidad”.

Una de las fórmulas que permite la normativa y que podría ser más explorada, es la facultad de los gobiernos regionales para llamar a una concesión. Dicha medida permite descentralizar la decisión y escuchar a la comunidad regional.

Un proyecto de desalinización no sólo debiera alimentar a la minería, sino que abastecer de agua al norte de Chile y así, por ejemplo, suministrar el recurso en zonas secas, señala el ex titular del MOP. “A futuro, si miras a largo plazo, puede ser un tremendo negocio para el país, siempre y cuando tengamos la energía solar que nos permita bajar el costo de la energía y con eso salinizas, y no sólo para el sector sino que para la agricultura y la ciudadanía”, concluye Bitar.

Zonas francas hídricas
Jorge Arancibia, profesor de Derecho Tributario de la PUC, comenta que el Estado tiene que dar ciertas señales o elementos que permitan a los privados poder aventurarse a establecer sistemas de inversión productiva o fuentes alternativas de agua.

Una de estas iniciativas es la creación de “zona especiales” o “zonas francas hídricas”, espacio que se traduciría en una exención de impuestos a la empresa, la cual sería aplicada por un tiempo determinado. La idea es que dicha medida esté relacionada con los impuestos que gravan las utilidades de la compañía, a los tributos indirectos que son establecidos a través de la venta del agua, impuestos al valor agregado o aduaneros.

“Una exención a los impuestos aduaneros, por ejemplo, permite abaratar los costos y estimular al privado para que no sólo ingrese al negocio del agua por la minería, sino que podría, a un precio determinado, entregar este producto a otros agentes del mercado como son los agricultores y eventualmente los usuarios del agua potable”, afirma Arancibia.

Fuente/ Sustentare en Revista Minería Chilena

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