RSE

Mientras mayor sea la transparencia  e información respecto de cómo las empresas integran la RSE en sus estrategias de negocio, podremos avanzar en el bienestar y seguridad del sector laboral

LA RECIENTE publicación en el Diario Oficial del Decreto por el cual se crea el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, permitirá dar inicio a la segunda etapa de un largo proceso llevado hasta ahora por la mesa multisectorial creada al amparo del Ministerio de Economía. Tras la elaboración de un catastro de lo obrado en la materia a nivel nacional y en la identificación de las brechas necesarias de cubrir, corresponde determinar una hoja de ruta que debería concluir con la fijación de una política nacional.

El Consejo, conformado por representantes de los sectores relevantes de la sociedad, tendrá como función prioritaria asesorar en la elaboración de las políticas públicas relacionadas con dicha materia, estableciendo un plan de trabajo con acciones y objetos concretos que será sometido a la consideración del ministro de Economía.

Poner en agenda la necesidad de definir una política nacional en materia de RSE es un imperativo país. Hoy contamos con cinco instrumentos internacionales relativos a este tema, cuyas disposiciones son aún voluntarias. Sin embargo, la decisión de los monopolios del vino de los países escandinavos, de condicionar las importaciones al respeto de dichos estándares, ocurrida en julio de 2012, prendió una luz de alerta sobre la futura exigibilidad de los mismos.

A lo anterior se suma un informe emanado del Parlamento Europeo en febrero último, donde se abre la puerta a esa posibilidad. De hecho, un amplio sector de sus miembros anunció la presentación de un proyecto que establece la obligatoriedad de los informes anuales sobre sostenibilidad para aquellas empresas con más de 500 empleados. Cabe anotar que el 1 de junio Noruega puso en vigencia una ley al respecto y en esa línea de acción se encuentran también Alemania y Francia.

De allí que la constitución del Consejo no puede ser más oportuna para un país donde el PIB depende en cerca de un 70% de su comercio. La definición de una política pública en RSE requerirá ser consensuada por los sectores involucrados, con una visión de futuro. Su ejecución constituirá asimismo un valioso referente para todas las empresas nacionales que hoy se encuentran presentes en otros países de la región latinoamericana.

Cancillería, aparte de advertir sobre la  conveniencia de abordar con prontitud este nuevo escenario que se comienza a delinear en el horizonte, ya comprometió el apoyo de aquellas naciones que han tenido una experiencia exitosa. En su próxima visita a Bruselas, el Canciller Moreno suscribirá con la UE un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en RSE, sumándose al existente con Suecia.

Mientras mayor sea la transparencia  e información respecto de cómo las empresas integran la RSE en sus estrategias de negocio, podremos avanzar de manera sustancial en el bienestar y seguridad del sector laboral, y de paso, la tranquilidad que los primeros requieren para disponer de una adecuada inserción en el mundo globalizado.

Opinión de José Luis Balmaceda /latercera.com

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