Aysén

La firma analiza sus opciones legales tras la decisión del gobierno de pedir nuevos estudios para el proyecto

 Punta Alcalde y el fallo de la Corte Suprema del 17 de enero fueron claves para la sesión que el jueves reunió al Comité de Ministros para analizar el proyecto HidroAysén, de Endesa y Colbún. La entidad, que estuvo dos años y medio sin pronunciarse sobre las 35 reclamaciones a la iniciativa aprobada en mayo de 2011, finalizó la esperada sesión encomendando nuevos estudios para analizar el impacto del vaciamiento del lago Cachet (1 y 2) y el impacto social, en Cochrane, de tener cinco mil trabajadores en el momento peak de la construcción. El fallo de la Suprema por Punta Alcalde confirmó estas facultades de la entidad. “Las competencias del Comité de Ministros para exigir nuevas condiciones fueron establecidas recién a través del fallo de Punta Alcalde por la Corte Suprema. Con esto, puede exigir nuevas condiciones”, dijo la ministra María Ignacia Benítez al salir de la cita. La apreciación fue secundada por el titular de Energía, Jorge Bunster, quien indicó que con este esclarecimiento de roles, el comité “pudo avanzar en resolver estas reclamaciones, encargando estudios”.

Para Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica, Punta Alcalde “de algún modo zanjó una discusión que se estaba dando en los últimos años respecto del rol que tenía la institucionalidad ambiental en el desarrollo de la infraestructura eléctrica”. Y agrega: “Le da importancia al Comité de Ministros y avala que puedan exigir acciones adicionales”.

La misma visión tiene el ex secretario ejecutivo de la CNE Sebastián Bernstein, quien explica que la Suprema ratificó que el Comité de Ministros tenía atribuciones para incluir condiciones, en una aprobación ambiental, que hicieran factible o no un proyecto. “El fallo de Punta Alcalde es importante, porque dice que el Comité de Ministros tiene algo que decir. Ahora, no se sabe hasta dónde pueden llegar esas atribuciones”, explica.

Este punto es vital. Así lo estiman en HidroAysén, donde creen que este cambio modifica la institucionalidad ambiental, porque perderá relevancia el trabajo técnico realizado para la aprobación de un proyecto y todo dependerá, a partir de ahora, de la palabra final de una instancia política. En el mundo empresarial creen que la decisión de los ministros fue una maniobra para dilatar la decisión -los estudios pueden retrasar incluso un año más la decisión-, transferirla al siguiente gobierno y ahorrarse el costo político del pronunciamiento. “Esperar más de dos años para pedir nuevos estudios no tiene mucha lógica”, dice Rudnick.

No lo cree necesariamente así Bernstein. “No estoy en posición de juzgar si esto fue un ‘chuteo’ hacia adelante o una cuestión legítima. Tiendo a pensar que el impacto de la llegada de nuevos trabajadores me parece legítimo. Eso tiene un impacto social y ambiental. A lo mejor faltaba información sobre cómo se iba a manejar eso”, señala.

La empresa

HidroAysén dijo formalmente el jueves que deberá esperar la notificación formal de las decisiones del Comité de Ministros -para lo cual hay un plazo de 30 días- antes de resolver los caminos de acción futuros. Pero ya analiza varios. Incluso, la judicialización.

El 8 de enero, el directorio le encargó a la administración dirigida por Daniel Fernández el estudio de acciones legales. Y ese trabajo continúa.

Una de las alternativas es acudir a los nuevos Tribunales Ambientales y dirimir esta suerte de contienda de competencia sugerida por las nuevas atribuciones del Comité de Ministros. Otra es reclamar por el denominado silencio administrativo: debiendo pronunciarse en 60 días a partir de mayo de 2011 -cuando fue oficializada la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto-, el comité ya suma 20 meses de demora. Y aún no resuelve.

Incluso, puede estar sobre la mesa la opción de demandar al Fisco por la acción arbitraria y dilatoria del Comité de Ministros en el ejercicio de sus funciones.

Si todo sigue igual, como parece, la empresa deberá decidir cómo continuar con el proyecto. En HidroAysén dicen que habrá que esperar la definición del gobierno de Michelle Bachelet sobre su política energética, la que estará al mando ahora de un ejecutivo valorado en el mundo privado: Máximo Pacheco.

En paralelo, la firma podría avanzar -algo ya ha hecho en los últimos meses- en los estudios ambientales de la línea de transmisión. Será la agenda de 2014. Con otro año perdido para HidroAysén.

La Tercera

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