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Conformación del juzgado suma ocho meses de retraso, al no poder hallar postulantes aptos para ejercer como jueces. Para completar los cupos, el Servicio Civil ha debido solicitar asesoría de head hunters

Se estimaba que en esta etapa del año el Primer Tribunal Ambiental, con asiento en Antofagasta, ya se encontraría tramitando una serie de causas relacionadas con la gran minería o con proyectos energéticos del norte.

Sin embargo, esta instancia -que prometía ser una herramienta eficaz contra la judicialización de las inversiones- aún no está operando. No sólo eso: el retraso ya alcanza los ocho meses.

¿A qué se debe esta situación? Fuentes del sector señalan que las principales trabas pasan por lo extenso del proceso, las altas exigencias que requiere el cargo y también las inhabilidades propias del cargo.

Según abogados ambientalistas, una de las cláusulas más controvertidas es la que señala que luego de dejar el cargo -que dura seis años- los profesionales no podrán litigar en el tribunal que integraron por un plazo de dos años, limitando la libertad laboral de los postulantes.

Otro elemento que ha demorado la confirmación del tribunal del norte, está relacionado al mercado laboral, puesto que se obtendrían mayores ingresos en el ejercicio privado de la profesión en esa zona.

De acuerdo al escalafón de remuneraciones de esa judicatura, un juez titular tendrá un sueldo de $6.906.170 brutos- cercano al de un Superintendente de Medio Ambiente, mientras que un suplente percibiría sólo la mitad de ese monto.

“En este caso existe una renuncia económica importante en comparación al ejercicio privado en el norte”, sostiene un abogado de la plaza.

 La búsqueda incesante

El concurso en Antofagasta comenzó en agosto de 2012, y de los 300 postulantes ninguno cumplía el perfil. En un segundo lance, nada menos que 250 aspirantes fueron rechazados por la Corte Suprema.

El reclutamiento no ha sido fácil para el Servicio Civil, organismo que incluso ha tenido que recurrir a la asesoría de empresas head hunters para dar con el perfil de los futuros ministros.

De acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública, el 10 de octubre del año pasado se reinició el proceso para encontrar a un ministro titular y uno suplente. Para el caso del primer cargo postularon 29 personas a través del buzón. Adicionalmente, las empresas Laborum y Seminarium Desarrollo, también intervinieron en el reclutamiento realizando análisis y también entrevistando a cada uno de postulantes.

Es así como, el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), reanudó las entrevistas con una serie de candidatos el pasado 28 de enero.

Sin embargo, el proceso no culmina ahí, ya que tras el cedazo del ADP, los aspirante deberán sortear los pasos siguientes: visto bueno del Presidente de la República, el Senado, y nuevamente deberán enfrentar a la Corte Suprema.

La exigencia suprema

Cada judicatura está compuesta por 3 ministros titulares y 2 suplentes, y para cada cargo la ADP elabora una nómina de entre 6 y 8 profesionales que cumplan los requisitos exigidos por la ley. Dicha lista se envía a la Corte Suprema que entrevista y evalúa a los postulantes.

Entre esos candidatos, los jueces seleccionan una quina que entregan al presidente , quien, a la postre, es el que realiza la selección final de los nombres para someterlos a ratificación del Senado.

El punto es que si la Suprema rechaza todos o algunos de los nombres sugeridos por la ADP y del total quedan aceptados menos de 5 profesionales, se debe realizar un nuevo concurso, el cual vuelve a foja cero todo el proceso de selección de los futuros ministros.

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