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Bienes Nacionales pidió informe a la Conadi para asegurarse de que en las seis zonas en las que se levantarán centrales térmicas -de al menos 350 MW- no habrá afectación a comunidades indígenas. Además solicitó permisos mineros y de borde costero

Una importante traba tienen superada desde ya las empresas que planean construir centrales termoeléctricas en los terrenos licitados por el gobierno para este efecto: la consulta indígena.

Se trata de un trámite no menor dentro del proceso de evaluación ambiental bajo el nuevo reglamento del SEA, que entró en vigencia el 24 de diciembre del año pasado y que se enmarca en la aplicación en Chile del Convenio 169 de la OIT.

A fines del año pasado, el ministerio de Bienes Nacionales, en el marco de la política de ordenamiento territorial, inició una licitación de siete paños aptos para la construcción de centrales termoeléctricas, en la que puso como requisito central que en cada una de las zonas dadas en concesión se levante una generadora térmica de al menos 350 MW.

Las zonas escogidas son siete: una ubicada en la Región de Tarapacá (Caleta Chica), dos en Antofagasta (Tames y Cobija Sur) y cuatro en Atacama (Caleta Obispo, Totoralillo Norte, Totoralillo Sur y Caldera), que permitirían cubrir la demanda futura proyectada principalmente por proyectos mineros que se instalarán en esa zona.

La semana pasada, el ministerio dio a conocer la lista de interesados, entre los que se cuentan empresas de la talla de Endesa, Suez, Collahuasi y IC Power, entre otras. Los nombres de los ganadores de la licitación -fueron presentadas ofertas por seis de los siete terrenos- serán dados a conocer en los próximos días.

Durante la etapa de diseño del proceso, el ministerio de Bienes Nacionales solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) información acerca de si aplican o no las causales que obligan a un proceso de tramitación ambiental a incorporar la consulta indígena. La respuesta de la entidad fue lapidaria: “no”.

La misiva, firmada por el propio subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes y emitida al director nacional de Conadi, Jorge Retamal y al asesor especial para asuntos indígenas, Matías Abogabir, señala: “Requerimos se nos informe respecto de la existencia de presencia de comunidades o asentamientos indígenas en las áreas (a licitar) y si se encuentran pendientes en trámite de espacio costero marítimo admisibles. Asimismo, les solicitamos indicar si alguna de estas áreas figura inscrita en el registro de tierras indígenas que lleva la Conadi”.

En la carta el subsecretario añade que la ejecución de esta política pública “reviste de importancia, prioridad y urgencia, por cuanto pretende como fin último contribuir a ampliar la matriz energética nacional”.

No hay consulta. La respuesta, enviada por Matías Abogabir, señala que el análisis hecho por Conadi da cuenta de que no existen “sitios arqueológicos, cementerios indígenas, sitios de significación cultural, territorios indígenas ni comunidades indígenas”, por lo que “se estima que no procedería realizar un proceso de consulta indígena”.

Este documento es clave para evitar una potencial judicialización de estos proyectos, que es el principal reparo que manifiestan -en privado- las empresas que participaron del proceso de licitación.

En caso de que se concreten las seis iniciativas por las que se presentaron ofertas, y que además se relicite de manera exitosa el paño que no concitó interés por parte de privados, sumarán 2.450 MW, aunque podrían ser más si los adjudicatarios optan por desarrollos mayores.

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