El Ejecutivo evalúa dos mociones vinculadas con el tema, elaboradas por los senadores Isabel Allende y Guido Girardi. Con ello, daría un marco legal, que se sumaría al programa medioambiental de once ejes, con miras hacia 2018
El tema está en agenda. El gobierno patrocinará el proyecto que modifica el Código Penal y que tipificaría el delito ambiental. De prosperar, cuando iniciativas privadas atenten contra la salud pública de la población, se erigirá un tipo penal que persiga a los responsables con cárcel.
Según adelantó el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, la idea es desarrollar un proyecto que tome los aspectos más relevantes de las mociones ingresadas por la senadora Isabel Allende y su par Guido Guirardi.
La propuesta de la presidenta del Senado argumenta que si bien la institucionalidad ambiental “consagró un sistema de fiscalización que posee relevantes medidas de indagación y fuertes sanciones (revocación de RCA y multas que pueden llegar hasta los U$8 millones), no contempló ninguna medida de coordinación con la persecución penal de situaciones de afectación al medio ambiente ya instaurada en nuestro país”.
Por lo pronto, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la espera de observaciones, entre otros, del Ministerio de Justicia y Medio Ambiente; ya cuenta con las observaciones del académico de Derecho Penal, Jean Pierre Matus.
“Acá se requiere una visión de comisiones unidas. El proyecto nace porque uno se da cuenta que las multas no son suficientes para que se cumpla con la normativa ambiental. En otros países, el código contempla el delito ambiental y nuestro país no lo tiene. La idea es penalizar cuando existan daños relevantes y no existan medidas reparatorias”, explica Isabel Allende.
La otra iniciativa presentada por el Senador Girardi también penaliza este tipo de delitos, pero apunta directamente a la responsabilidad de gerentes y ejecutivos que administran a las empresas eventualmente infractoras.
“El proyecto, conciente de que la mayor parte de los delitos ambientales contemplados en él se comenten en el ámbito de una organización empresarial (…) pone en primera línea de imputación a los gerentes, directores y administradores a cualquier título del proyecto o actividad donde se origina la fuente de emisión de contaminantes ”, afirma la iniciativa.
Ejes prioritarios
Pero, la penalización yace al interior de once ejes programáticos, establecidos por el gobierno para la concreción de su política medioambiental. Acciones pensadas a largo plazo que a juicio del propio ministro Badenier, marcan una “gran diferencia” respecto a lo hecho por la administración anterior.
Destaca aquí, el desarrollo de una mayor equidad medioambiental en donde el Estado “deberá asumir un nuevo rol más activo en esta discusión”. Por ejemplo, fortalecerse para llevar a cabo acciones normativas, regulatorias y fiscalizadoras, sumado a promover el desarrollo de mejores tecnologías que permitan “cimentar las bases de una producción limpia y sustentable”.
Fue así como en marzo de este año, el ministro Badenier nombró ocho nuevos seremis de medioambiente para distintas regiones del país.
Otro de los puntos mencionados por la autoridad ambiental, fue el mejoramiento de la calidad del aire. En este ítem, el secretario de Estado comprometió la concreción de la Estrategia Nacional de Descontaminación, que pondrá en marcha 14 planes para el periodo 2014- 2018. Dicha acción, a ejecutarse desde la zona de Rancagua hasta Coyhaique, tendrá entre sus ejes dos medidas estratégicas: el recambio de calefactores y la aislación térmica de las viviendas.
Situación que ya está siendo experimentada en Temuco, una de las zonas más contaminadas del país. Aquí, Padre Las Casas que registra 90 mil equipos de combustión a leña, ya ha iniciado un plan especial de recambio de calefactores, con subsidios e información para sus habitantes. “La idea es aplicar un programa más agresivo que el que se viene realizando desde 2011. En la aislación doméstica en tanto, junto a los subsidios, contemplamos cambios en los requisitos de construcción”, precisó el secretario de Estado, durante el lanzamiento de la medida en mayo pasado. Cambiar los equipos de calefacción cada cinco años, es una de las acciones que ya está siendo ejecutada en la zona, a partir de un presupuesto (para este año) de $5.250 millones, de los cuales $1.500 los aporta el Ministerio de Medio Ambiente y $3.750 los Gobiernos Regionales por medio de sus FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional). “Pretendemos que de forma paulatina, la ciudadanía cuente con sistemas de calefacción más eficientes, seguros y menos contaminantes”, indicó Badenier.
Trazado de cancha, al que se suma la creación de un nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Estos lugares, que abarcan cerca del 20% del territorio nacional, están distribuidos en más de 36 categorías diferentes, según lo explicado ayer por el ministro. A fin de ordenarlas, el Ejecutivo se ha dispuesto agruparlas en sólo nueve, facilitando así la tramitación de este proyecto de Ley. “Estamos investigando qué es lo que implica cada una de ellas, buscando entregar mayor representatividad a ecosistemas que hoy se encuentran subrepresentados”, manifestó ayer.
Una iniciativa que intenta velar tanto por la biodiversidad de zonas actualmente protegidas, y las que no lo son.
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