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El Ejecutivo aseguró que la norma podría perjudicar los intereses de los agricultores que poseen derechos de agua. En lo legislativo, el texto ahora pasará a la Comisión de Constitución continuando su tramitación

Con el fin de conocer los alcances de la reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas, que cursa su primer trámite, se hicieron presentes en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, una serie de autoridades relacionadas con la materia.

Los legisladores recibieron al presidente del Comité Interministerial de Política Hídrica, el Ministro de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga; y al Director General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, entre otros invitados. Éstos expusieron sus observaciones a la propuesta elaborada por la citada Comisión.

La presidenta de la instancia, la senadora Adriana Muñoz explicó que “la mesa del Senado en el 2014 y el 2015, nos encomendó estudiar todas las iniciativas parlamentarias en materia de recursos hídricos, tras lo cual debíamos evacuar una propuesta de ley. Eso fue lo que hicimos dando curso a un texto que ahora pasará a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento”.

“El proyecto cuenta con el apoyo mayoritario de la Comisión y esperábamos que el Gobierno entregara su respaldo, pero la verdad que el ministro Undurraga nos hizo ver la preocupación del Ejecutivo respecto a que una norma como esta pudiera perjudicar los intereses de los agricultores que poseen derechos de agua”, mencionó.

Frente a ello, la legisladora aclaró que “esto no se considera en el proyecto porque fue rechazada la idea de eliminar los derechos de agua a los privados, entonces no entiendo ese temor”.

La congresista aseguró que las autoridades indicaron que todos los cambios que se deseen realizar a la Constitución deben circunscribirse al proceso constituyente en curso. “Pese a ello no entiendo la distancia que están tomando de este tema que era apoyado por la Presidenta Michelle Bachelet. En mi opinión, estas autoridades se han hecho eco de las demandas de algunos sectores ligados a la agricultura y a la Oposición, quienes señalan que la economía podría verse perjudicada”, añadió.

Cabe consignar que el Comité Interministerial de Política Hídrica está conformado por los titulares del MOP, Alberto Undurraga; de Agricultura, Carlos Furche; de Medio Ambiente, Pablo Badenier; y de Minería, Aurora Williams.

Durante la sesión, el director de la DGA, se mostró a favor de declarar el agua un bien nacional de uso público, sin embargo cuestionó que todos los derechos se puedan declarar de utilidad pública, debido a que ello podría entenderse como una virtual expropiación.

A su vez expresó sus dudas respecto a la redacción del apartado referido a los derechos de aprovechamiento de aguas y las concesiones. A ese respecto recordó el proyecto que se tramita en la Cámara Baja, y que modifica el Código de Aguas.

Proyecto

La iniciativa trabajada por los senadores de la Comisión nació luego de analizar nueve mociones relacionadas, las que finalmente fueron refundidas.

El texto final propone un artículo único con cuatro numerales.

Parte de la iniciativa estipula que “las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Declárense de utilidad pública los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido.

La ley regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares. Estas últimas serán siempre temporales, se circunscribirán a fines específicos y podrán estar sujetas al pago de patentes o tasas.

En su otorgamiento y ejercicio, se priorizará el consumo humano, el doméstico y el saneamiento, resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico, para lo cual se podrá reservar aguas superficiales y subterráneas y establecer otras limitaciones y obligaciones.

Se dispondrá de un manejo sustentable e integrado de los recursos hídricos de las cuencas, que considere las características de cada zona del país y que asegure la participación e información de la ciudadanía”.

mch.cl

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