Permite suscribir contratos entre privados para dedicar áreas al cuidado de la biodiversidad
Un incentivo a la formación o consolidación de áreas de conservación privada pretende ser la nueva ley de Derecho Real de la Conservación Medioambiental, aprobada el mes pasado por el Congreso.
La normativa viene a complementar los esfuerzos del estado en protección de la naturaleza a la espera de una figura legal que reconozca las áreas protegidas privadas, la que está en trámite parlamentario en el marco de la ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
“Esta iniciativa parlamentaria, también promovida por ONG, viene a cubrir un requerimiento de muchos propietarios privados que tienen la voluntad de conservar sus predios de valor ecológico y dedicarlos a la conservación estrictamente, pero no tienen financiamiento”, dice Alejandra Figueroa, jefa de la división de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
Según un catastro de ese organismo, a lo largo del territorio existen más de 242 iniciativas de conservación privadas, pero son producto de un acto voluntario del privado, que carece de incentivos del Estado que le permita financiar manejo y protección, dice Figueroa.
La nueva ley permite llegar a un acuerdo entre privados para la realización de estas actividades, que tienden a la conservación de un predio con las características necesarias.
El dueño no pierde la propiedad, sino que entrega el bien para que sea resguardado en función de un contrato a perpetuidad, para así hacerse cargo de un eventual cambio de opinión en posibles herederos.
“Esto facilita el ejercicio de fundaciones, organizaciones o privados interesados en dar financiamiento y hacerse cargo de la conservación efectiva de estos predios”, destaca Figueroa.
“Es una gran innovación en nuestro marco jurídico civil y ambiental y está alineado con las tendencias a nivel mundial de conservación y protección de los recursos naturales con gran valor ambiental y de biodiversidad”, resalta Alfredo Almonacid, gerente de la Reserva Costera Valdiviana, área protegida privada administrada por The Nature Conservancy (TNC).
A su juicio, permitirá que las iniciativas de conservación privada tengan un marco legal moderno, de carácter flexible, que las reconozca y les brinde herramientas concretas para su viabilidad, aportando al país nuevos territorios protegidos y poniendo a Chile en un lugar de liderazgo internacional en la materia.
Almonacid adelanta que en TNC analizan hacer uso de la ley con algunas de las áreas protegidas con las que trabajan para crear el precedente, junto con la experiencia técnica y legal.
El Mercurio
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