El monto total de inversión de dichas iniciativas asciende a US$ 5.983 millones al segundo trimestre de este año
Una de las propuestas de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) está dando sus primeros frutos. Como parte de la creación del Observatorio de la Productividad, el gremio inició la elaboración de un informe trimestral, que se enfoca en el análisis de los proyectos de inversión que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para obtener los permisos necesarios para poder construir y ejecutar un proyecto.
Una de las principales conclusiones de este primer documento es que los proyectos aprobados vienen mostrando una persistente caída en los últimos años. En el segundo trimestre de 2016 se aprobaron 95 iniciativas en el sistema, cifra 26% menor que el mismo período de 2015, y 51% más baja que el promedio de los años 2007-2015, cuando había 212 proyectos concluyendo su trámite. Esta caída se debe, en parte, al menor número de proyectos totales que concluyeron su tramitación, pero también a la caída en la proporción de proyectos aprobados sobre estos, reveló el documento.
El monto de inversión de proyectos aprobados en el segundo trimestre asciende a US$ 5.983 millones. Esto equivale al 50,5% del monto total de inversión que concluyó su tramitación en el período, uno de los porcentajes más bajos de la serie desde 2007. Sin embargo, en montos de inversión y considerando a todo el último año móvil, este fue 31% mayor que el mismo período de 2015, y un 19% más alto que el promedio 2007-2015. El repunte que muestra esta serie en 2016 está fuertemente influido por un proyecto minero específico, cuyo monto de inversión alcanza los US$ 5.400 millones. Este proyecto es Radomiro Tomic Sulfuros, de Codelco. Según ha publicado “El Mercurio”, la administración de la cuprera estatal estaría evaluando postergar esta iniciativa, dado que el Valor Actualizado Neto de la iniciativa -que permite calcular el valor presente de los flujos de caja futuros, originados por una inversión- es muy estrecho con los actuales precios del cobre y no se justificaría la inversión.
Proyectos no admitidos
Durante el segundo trimestre de 2016, el total de proyectos ingresados al SEIA ascendió a 214 iniciativas, lo que equivale a un monto de inversión de US$ 24.398 millones. De ellos, 69 no fueron admitidos -un 46% de la inversión ingresada-, lo que se vio influido por tres proyectos específicos de alto monto de inversión, consigna el documento. Tanto el número como el monto de inversión de los proyectos no admitidos muestran una tendencia al alza en los últimos años. De hecho, el promedio de no admisión entre 2007 y 2015 era de solo 13%.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el SEIA de un proyecto -que tiene como objetivo obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA)- se inicia con un examen de admisibilidad que revisa aspectos formales. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la autoridad, el proyecto se califica como “no admitido a tramitación”. En caso de verificarse que se cumplen los requisitos, se admite a tramitación, la que puede terminar bajo las siguientes categorías: aprobado, rechazado, término anticipado y desistido.
Según explica el informe, un porcentaje de los proyectos que ingresan al SEIA y que no lograron su RCA vuelve a ingresar. Por esto, tanto el número como el monto de inversión de proyectos ingresados y admitidos son datos que no predicen inversión futura en forma directa, pero sí entregan información relevante sobre su comportamiento. “Más aún, que los proyectos obtengan su RCA no significa que se ejecuten o se construyan”, agrega el texto.
Según el informe, a partir de los proyectos que ingresan al sistema, se puede tener una señal temprana de la intención de inversión, así como de la eficiencia del proceso.
Sectores y regiones
En el segundo trimestre de 2016, cuatro sectores -energía, inmobiliario, saneamiento ambiental y minería- acumulan el 89% del monto de inversión aprobada, donde solo energía representa el 66% del monto total. De los US$ 3.948 millones aprobados en el sector energético, un 89% corresponde a proyectos solares y eólicos. A partir del año 2012, la composición de la inversión aprobada cambió de manera relevante, con una menor presencia de proyectos mineros y un incremento de los energéticos.
Al analizar la composición regional de los proyectos, se observa que en el segundo trimestre de 2016 destacan la Región de Atacama, que cuenta con el 24% del monto total de inversión aprobada -US$ 1.440 millones-, y Antofagasta, que alcanza el 19% del total, con US$ 1.153 millones. Para siete de las 15 regiones, el sector energético es el más relevante.
A la espera
Al cierre del primer semestre existían 490 proyectos por US$ 52 mil millones, en espera de ser calificados.
Plazos para aprobar los estudios suben hasta casi 40%
Existen dos tipos de trámite para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los proyectos que ingresan al SEIA deben presentar una DIA; pero, si generan riesgo para la salud de la población o efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, deben tener un EIA.
Los plazos de aprobación de un estudio llegan a los dos años, sumando 23,5 meses en el último año móvil, 18% mayor que el mismo período del año previo, y 39% superior al promedio del lapso 2007-2015. Por sector, los proyectos de saneamiento ambiental enfrentaron un plazo de evaluación de 41,3 meses en el último año móvil, 154% más que lo registrado entre los años 2007 y 2015. Los proyectos mineros muestran un alza de 110% en su plazo de evaluación, y los proyectos energéticos un alza de 27% al comparar los mismos períodos.
Al analizar los plazos de evaluación para las declaraciones aprobadas, en el último año móvil se registra un alza de 7% frente al mismo período del año previo, y de 22% respecto del promedio 2007-2015.
En este caso, lidera infraestructura portuaria, con más de dos años de evaluación, lo que representa un alza de 108% respecto del promedio registrado entre 2007 y 2015. Minería e instalaciones fabriles (industrias) presentan un incremento de 50%, aproximadamente.
Según la normativa ambiental, las DIA tienen un plazo legal de evaluación de tres meses en total, y los EIA de seis meses. Sin embargo, los plazos pueden ser extendidos a petición del titular para preparar la información que se le requiera durante la evaluación.
El Mercurio
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