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El especialista sostuvo que esta legislación está muy cuestionada en el país, y la prueba de ello es que en el Congreso duermen nueve proyectos de modificación constitucional y doce de reformas al Código de Aguas

 “El Código de Aguas fue dictado por un poder legislativo que estaba compuesto por cuatro personas que ‘usaban gorra’ ”. De esta forma se expresó Pablo Jaeger, director ejecutivo de DIAgua Consultores, al referirse a la legislación que existe en el país sobre el recurso hídrico en el marco de las XV Jornadas de Derecho de Aguas que organizó la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

El abogado realizó un análisis del Código de Aguas y los desafíos que existen en el país sobre gestión hídrica. Afirmó que esta legislación nació en 1981, bajo el “periodo militar”, sin ningún sustento social ya que nunca fue consultada a la ciudadanía, por lo cual no se generó una manifestación pública en torno a ella.

Jaeger explica que a través de este código se crearon sólidos derechos de aprovechamiento sobre el recurso hídrico y sus usos, para que pudieran transarse en el mercado. Además, se redujo al mínimo el rol del Estado en esta materia.

Si bien en 2005 el Parlamento aprobó una modificación a la normativa, tramitación que demoró cerca de 13 años, según el especialista aún este reglamento no se constituye como una solución a las diversas problemáticas.

Una de ellas es la carencia de preocupación por el interés público ya que, si bien la legislación atendió sobre la forma en que se establecen los derechos de aprovechamiento, una vez que están constituidos “no se tocan”, precisó Pablo Jaeger. Además, indicó que no se abordó el sistema de funcionamiento del mercado de las aguas, que requiere de mucho perfeccionamiento y genera problemas a los que no participan en este mercado.

Junto con ello, la normativa tampoco se preocupó de la sustentabilidad del recurso hídrico, hecho que se contrapone con el régimen de cambio climático que se está viviendo. “Lo único que tenemos sobre el comportamiento de las aguas son incertezas, (…) tenemos muchas dudas sobre lo que puede pasar con el agua y tenemos una legislación que es sumamente rígida”, manifestó el abogado.

Además, la normativa no se refiere a la forma de gestión que deben tener las aguas en las cuencas, ya que en la actualidad dicha labor está a cargo de las juntas de vigilancia que distribuyen el recurso hídrico entre los titulares que poseen derechos de aprovechamientos. No obstante, este organismo no se hace cargo de aquellos que no presentan este dominio.

“La legislación sobre aguas en Chile está muy cuestionada. Después de casi 32 años de vigencia, claramente no podemos pensar en esta normativa, y quien lo haga se engaña. La prueba de ello es que en el Congreso duermen nueve proyectos de modificación constitucional y doce reformas al Código de Aguas”, subrayó el ex jefe del Departamento Legal de la Dirección General de Aguas.

La función social del agua

El especialista destaca que el sistema de derechos de aprovechamientos ha contribuido a que en Chile el agua se use en forma más eficiente y que las personas cuiden este derecho que le han asignado.

Recomendó que la legislación debe avanzar hacia un régimen en el cual el interés común y colectivo esté más presente, ya que el Estado es el gran ausente en las normativas de aguas chilenas.

A juicio de Jaeger, se tiene que constatar que los derechos de aprovechamiento en Chile no son absolutos, lo cual significa que deberían estar sujetos a una función social. Sin embargo, advierte que desde ya existe una limitación, puesto que la Constitución dice que los derechos no pueden ser afectados en su esencia. “Creo que estos derechos se basan en el aprovechamiento del agua, y no en esta cosa que tenemos en la legislación que a uno le dan derecho a aprovechamiento pero no lo obligan a usar el agua”, dijo.

Añade que, en casos excepcionales, se debe avanzar hacia los derechos de aprovechamiento que puedan ser dejados sin efecto cuando signifiquen un problema para todos los chilenos.

El director ejecutivo de DIAgua Consultores indicó que tenemos un Estado muy ineficiente en materia de agua, por lo cual es necesario que tenga atribuciones para gestionar el bien común asociado al agua. Afirmó que se deben gestionar las aguas en forma holística y no a través de una junta de vigilancia cuya labor está centrada solo en regular la distribución de los recursos hídricos.

Fuente / Revista Electricidad

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