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Seis ministros decidieron en forma unánime rechazar el proyecto. Iniciativa se discute ambientalmente desde 2008

Tres horas demoró ayer el Comité de Ministros en acoger las 34 reclamaciones de la comunidad y ambientalistas que pesaban sobre el proyecto HidroAysén, invalidando de paso su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En la práctica, el gobierno de Michelle Bachelet rechazó, tras seis años de tramitación, este megaproyecto en el que Endesa y Colbún ya han gastado US$ 320 millones en estudios, de una inversión total estimada en casi US$ 9 mil millones.

Los integrantes del Comité -los ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier; Energía, Máximo Pacheco; Minería, Aurora Williams; Agricultura, Carlos Furche; Economía, Felipe Céspedes, y Salud, Helia Molina -dieron por finalizada la tramitación administrativa del proyecto, dejándolo sin permiso ambiental para operar, y con poco espacio para hacerlo viable.

Los ministros analizaron el documento de más de 300 páginas que fue elaborado por las divisiones Jurídica y de Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Con lo anterior, el gobierno dejó sin efecto los fallos de la Corte de Apelaciones y la Suprema que habían respaldado la RCA. Según los ministros, la iniciativa presentaba fallas ambientales que hacían imposible su viabilidad.

Badenier detalló que el 19 de marzo de este año -a pocos días del inicio del actual gobierno-, comenzó el proceso de invalidación de los acuerdos adoptados el 30 de enero por el Comité de Ministros de la administración Piñera, por considerarlos ilegales.

Pacheco, en tanto, destacó la independencia que tuvieron los ministros al momento de la votación, quienes de forma unánime bajaron la iniciativa.

Los argumentos

Los ministros señalaron que había tres puntos clave que no habían sido suficientemente analizados, lo que determinó finalmente el rechazo.

¿Cuáles son esos tres puntos?

1 La inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular.

2 Tampoco existe una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efecto de cambio de la hidrología de los cursos alterados.

3 Hay inconsistencia respecto de la línea base declarada por el titular, “lo que no permite cuantificar impactos ambientales ni establecer medidas de mitigación”, detalló Badenier.

 

En este sentido, se estimó que el plan de relocalización (PdR) de las 39 familias que serían afectadas por el área de inundación del proyecto no contaba con garantías respecto de dónde ni cómo serían reubicados. “El PdR presentado por el titutar del proyecto no puede considerarse apropiado, porque no se presentaron los sitios de acogida y no se realizó estudio de cabida alguno”, señalaron los ministros.

Asimismo, indicó que respecto de los impactos hidrológicos producidos por las crecidas de los caudales de los ríos Baker y Colonia -al momento de vaciar agua para le generación eléctrica- no fueron evaluados por la compañía ni se presentaron modelaciones respecto de los “riesgos de inundación” solicitados por la Dirección General de Aguas (DGA) y Sernageomin.

Respecto de la fauna terrestre, el comité indicó que faltaba información para determinar los impactos del proyecto en especies como el pudú, pumas y anfibios. “Durante el proceso de levantamiento de línea base, se detectó la presencia de especímenes que no pudieron ser identificados a nivel de especie, por lo que se deben precisar estas deficiencias”.

Respaldo a institucionalidad

Según la autoridad, la resolución de las reclamaciones, que demoraron más de dos años en ser vistas por la autoridad en el gobierno anterior, es un respaldo a la institucionalidad ambiental, la que consideran se había vulnerado ante la inacción de los organismos reguladores.

En enero pasado, la administración Piñera resolvió de manera parcial las 35 reclamaciones presentadas, y dilató el proceso al solicitar nuevos estudios sobre hidrología e impacto en la salud de la población residente -principalmente respecto de brotes de enfermedades venéreas- que implicaría la llegada de 5.000 trabajadores a la zona en el peak de construcción del proyecto, lo que fue interpretado por la compañía como una nueva dilación en el proceso administrativo.

“Es importante que reconozcamos que ha habido un debilitamiento de la institucionalidad ambiental, de la cual como sociedad tenemos que hacernos cargo. Hemos tenido la claridad suficiente para justificar la medida que hemos tomado”, dijo el ministro Pacheco.

Indicó también que los compromisos tomados por la empresa -de bajar el costo de la energía en la zona- eran de responsabilidad de HidroAysén, y que el gobierno no ha renunciado a desarrollar el potencial hidroeléctrico de la zona de Aysén, respetando a las comunidades y al medioambiente, e hizo hincapié en que el rechazo al proyecto de Endesa y Colbún no implicaba un “veto” a las hidroeléctricas de gran tamaño.

“Sin energía no hay crecimiento. Nosotros vamos a apoyar el desarrollo de proyectos de energía eléctrica basados en los recursos hídricos, es una política de Estado. Este proyecto específico en nuestra opinión -y en la mía personal- tiene aspectos muy importantes que están poco pensados, o insuficientemente pensados”, dijo Pacheco.

La Tercera

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