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No es la primera vez que Arauco y el consejo que defiende los intereses del fisco se enfrentan por el río Valdivia

El pasado 2 de noviembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte, apoyando al Ministerio del Medio Ambiente, en el conflicto entre las industrias que operan en el río Valdivia y el Gobierno por el decreto que fija la norma de calidad ambiental de esa cuenca sureña.

Esto, luego que el pasado 29 de septiembre, el Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia acogiera las reclamaciones interpuestas por la Corporación Codeproval -que agrupa a firmas como la cervecería Kunstmann, la empresa láctea Colun y de levadura Collico, entre otras- y por Celulosa Arauco, contra la normativa emitida en 2015 por el Ministerio del Medio Ambiente. Dicha norma de calidad de las aguas fue rechazada por los privados, que estiman que de aplicarse la normativa podría paralizar nuevas inversiones y restringir operaciones industriales.

Tras intensos alegatos, en una causa donde también se hizo parte el grupo ecológico Acción por los Cisnes, apoyando a la cartera de Medio Ambiente, el Tribunal Ambiental resolvió “anular el decreto reclamado, así como la Resolución Exenta Nº 472/2012 del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el Anteproyecto de Normas Secundarias de la Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas de la Cuenca del Río Valdivia, y todos los actos administrativos y trámites dictados a partir de esta última”. Debido a este revés judicial, el ministerio encabezado por Pablo Badenier interpuso un recurso de casación en la Corte Suprema el 28 de octubre de este año y fue en esa causa que se hizo parte el CDE.

En todo caso, no es la primera vez que Arauco y el consejo que defiende los intereses del fisco se enfrentan por el río Valdivia. En 2004, la firma del grupo Angelini tuvo que cerrar temporalmente su planta en San José de la Mariquina en el río Cruces, la zona más occidental de la cuenca, por el supuesto efecto dañino de esta instalación en los cisnes de cuello negro. Posteriormente, el CDE demandó a la compañía por daño ambiental. Este caso hizo que la autoridad decidiera dictar normas de calidad de agua en las principales cuencas hidrográficas de Chile.

El Mercurio

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